Antes de la covid-19 se había planteado que en Venezuela se desarrollaba una estrategia de autoritarismo
político y de pragmatismo económico (García-Guadilla,2020). En cuanto a lo económico, se llevó a cabo una
dolarización de facto en la que los precios de alimentos y servicios se cotizan y cancelan mayoritariamente en divisas, bien sea en efectivo, por mecanismos de transferencias bancarias o por pagos en moneda nacional calculados al mercado de divisas del día. A comienzos de año se proyectaba una contracción de 20%, pero debido a la pandemia otras estimaciones son de 25%.
A inicios de junio, el Banco Central de Venezuela, que durante años no ha publicado datos oficiales, informó que la inflación en mayo fue de 38,6%, la acumulada de 295,9% y la anual de 2.296,6%. Estas cifras difieren de aquellas documentadas por la Asamblea Nacional, según las cuales en julio la inflación fue de poco más de 50%, la acumulada en los últimos doce meses de 4.099% y entre enero-junio de 843,44%.
A estas cifras de comportamiento macroeconómico deben añadirse los resultados de la Encuesta de condiciones de vida (Encovi) realizada entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 por las principales universidades del país1 Se evidencia un aumento de la desigualdad social, que ha sido progresivo pero que llega a niveles críticos.
_______________________
1 https://prodavinci.com/encovi-2019-2020-que-nos-dice-estaradiografia-sobre-la-calidad-de-vida-de-losvenezolanos/
1
Se encontró que la pobreza medida por ingresos llegó alv96,2% y la pobreza extrema a 79,3%.
En este marco se analizará la problemática de la politización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Como señalan Ramalho, Diamint y Sánchez (2020), en América Latina en diferentes grados y con algunas similitudes, pero con más diferencias, hay en marcha procesos de militarización de la seguridad y de su participación política. Desde hace años Venezuela se ha analizado como un caso emblemático de la ampliación y la profundización del papel de los militares, no solamente en la seguridad pública, sino también en los ámbitos económicos y políticos, y en el marco de la Emergencia humanitaria compleja esto se ha profundizado. Aún más con la pandemia de la covid-19.
En Venezuela la creciente participación militar no se ha limitado a “la utilización de las fuerzas armadas a los
criterios de excepcionalidad, temporalidad, complementariedad, regulación y fiscalización” (Ramalho, Diamint
y Sánchez, 2020). En este caso, ante el debilitamientovde las instituciones democráticas y la pérdida de confianza en el liderazgo político, los militares más bien sonvconsiderados como partícipes de una transición desde
la democracia, imperfecta, pero democracia al fin, haciavun régimen autoritario.
En este proceso, la fuerza armada como institución no ha intentado resguardar su prestigio. Todo lo contrario,
han sido una parte visible del régimen y su involucramiento en actos de corrupción, y sus relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico han llevado a que sean una de las instituciones con niveles muy bajos de aprobación de la sociedad. En el cuadro 1 del trabajo de Ramalho, Diamint y Sánchez pueden compararse las cifras de confianza de la Iglesia (74) frente a la Fuerza Armada (19).
* Este documento es parte de una serie de insumos para el panel El regreso de los militares a la política, en el marco del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible “Desafíos de la seguridad en tiempos de crisis múltiples”, realizado de manera virtual del 23 al 26 de noviembre de 2020.
VENEZUELA ANTE LA CRISIS: HEGEMONÍA POLÍTICA-MILITAR
5
En el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 15
de julio de 2020, sobre la violación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, se hace referencia explícita a los esquemas de corrupción, minería ilegal,situación de las comunidades indígenas y depredación ambiental. Con respecto a los esquemas de corrupción, se señaló que son utilizados para el pago de comandantes militares2
.
Adicionalmente, un aspecto importante en el caso venezolano ha sido la participación de los militares en el
área económica, tanto en el sector público como en el privado. Pero parece que en 2020 se produce un proceso de cambio. El evento más importante fue su pérdida del control de la empresa estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA), resultado de su debilitamiento bajo el mando de militares, que llevó a una crisis severa de acceso a combustible en un país que dice poseer las mayores reservas mundiales de petróleo. El 27 de abril, el general de la Guardia Nacional que ejercía como ministro de Energía y presidente de PDVSA fue sustituido por dos civiles.
2 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26096&LangID=S
Sin embargo, miembros de la Fanb, tanto activos como retirados, continúan estando presentes como empresarios. En la actualidad, su área de acción más importante es el Arco Minero del Orinoco, tanto en el comercio legal
como ilegal. También se han desplazado al sector privado. El grupo Organized Crime and Corruption Reporting
Project (OCCRP) informó que para 2019, solamente de los trescientos doce generales activos en el componente
del Ejército, más de treinta y cinco eran socios o miembros de juntas directivas de empresas privadas que estaban inscritas para contratar con instituciones del Estado en áreas como construcción, transporte, petróleo, aduanas y finanzas, entre otras3
.
En este documento se plantea que en el primer semestre de 2020 se evidenció una alianza política-militar en tres
aspectos fundamentales. La abierta partidización de la élite militar a favor del régimen, el manejo castrense de la crisis de la covid-19 y la ampliación de una perspectiva militar de la seguridad pública.
