Las y los parlamentarios que participamos en la Tercera Reunión de Parlamentarios y Expertos en Seguridad Regional y Defensa en América Latina, realizada en Antigua, Guatemala, el 12 y 13 de junio de 2013, con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert

Teniendo en cuenta:

  • Que en el mundo de hoy la gobernanza y la estabilidad democráticas regionales son elementos clave para una inserción  exitosa en el sistema internacional
  • Que el sector de seguridad y defensa en todos los países debe contar con una conducción civil y democrática clara en el marco de su propia normativa interna
  • Que es fundamental e imperativo garantizar permanentemente que en la región prevalezca la democracia, dignidad y soberanía de nuestros Estados
  • Que una arquitectura regional de seguridad y defensa cooperativa es fundamental para solucionar conflictos inter e intraestatales, generar medidas de confianza, promover la integración regional y enfrentar más efectivamente las amenazas que surgen del crimen transnacional organizado
  • Que en Estados democráticos debe haber una clara separación de funciones y ámbitos de operación entre las fuerzas encargadas de la seguridad pública y las de defensa. En tal sentido las labores de seguridad pública deben estar bajo la dirección de la autoridad civil y ser ejecutadas por cuerpos policiales profesionales con la cooperación de otras instituciones del Estado, cuando sea necesario
  • Que una seguridad ciudadana efectiva solo puede darse en un régimen democrático que respete plenamente las libertades y los derechos humanos.
  • Que la presencia de violencia asociada al crimen organizado y sus diversas manifestaciones se explica, en buena medida, por la debilidad o ausencia de instituciones públicas. Por ello se requiere mayor presencia y fortaleza del Estado a través de la fuerza pública y de servicios sociales básicos en nuestros territorios, dada la capacidad corruptora del crimen organizado y la amenaza que representa para las instituciones democráticas
  • Que identificamos como los crímenes más serios los que violan directamente los Derechos Humanos de sus víctimas y los que aumentan la violencia asociada al crimen organizado (comercio ilegal de drogas psicoactivas, trata de personas, tráfico de armas, secuestro, entre otros), que afectan la dignidad humana y amenazan la gobernanza democrática y la economía de nuestros países, y a los que debemos atender con prioridad implementando medidas y mecanismos de combate efectivos, con enfoque en las víctimas, en el marco del respeto a los Derechos Humanos
  • Que se debe buscar el debilitamiento real del crimen organizado y superar la visión de guerra contra las drogas que no ha sido eficaz
  • Que el tráfico de armas es uno de los factores determinantes en la incidencia o incremento de altos niveles de violencia en nuestros países, por lo que es necesario identificar a las fuentes principales de fabricación, comercio y transporte de armas ilegales y articular acciones conjuntas a fin de impedir este comercio
  • Que miles de migrantes latinoamericanos viven una crisis humanitaria y que, además de estar expuestos a los abusos de las policías locales son víctimas del crimen organizado a través del secuestro, la extorsión, la trata de personas e incluso el asesinato

Declaramos:

  • Que es necesario avanzar en una mayor integración regional al establecer y fortalecer los mecanismos regionales necesarios para generar medidas de confianza y apoyar la solución pacífica de conflictos.
  • Que nos comprometemos a plantear y dar seguimiento en todos los espacios parlamentarios  los temas tratados en esta Declaración.
  • Que es importante que los parlamentos de nuestros países tengan un papel más activo en los asuntos de seguridad y defensa. Nos comprometemos a buscar acercamientos entre las fuerzas progresistas representadas en cada uno de nuestros parlamentos para promover decididamente que se haga un mejor y mayor seguimiento y fiscalización de las políticas y la gestión del sector de seguridad y defensa, inclusive en lo que se refiere al presupuesto y a la trasparencia en el gasto.
  • Que las fuerzas progresistas de la región debemos promover debates permanentes sobre las políticas de seguridad y defensa, proponiendo cuál debería ser el papel de las comisiones parlamentarias encargadas del tema (iniciativas de leyes, fiscalización, monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas).
  • Que se promueva la participación de actores sociales no gubernamentales comprometidos con el Estado de Derecho Democrático en la discusión y seguimiento de los asuntos de seguridad y defensa.
  • Que debemos potenciar el papel de los Estados y el fortalecimiento de sus instituciones para la lucha contra crimen organizado y que es necesario incrementar su presencia en los territorios fronterizos de nuestros países.
  • Que la lucha contra del crimen organizado transnacional y sus efectos debe dirigirse a las causas profundas y a los incentivos que lo fomentan; no solamente a sus efectos más visibles, entendiendo que su reducción no depende solamente de medidas de seguridad.
  • Que es necesario exigir mayores restricciones a la venta de armas en los países que las producen así como medidas que impidan su tráfico hacia Latinoamérica.
  • Que nos comprometemos a impulsar en nuestros países la firma y ratificación del Tratado sobre Comercio Internacional de Armas de 2013 y legislaciones nacionales sobre el control de armas ilícitas.
  • Que es imprescindible que los gobiernos tomen medidas urgentes para salvaguardar los Derechos Humanos de los migrantes latinoamericanos en el camino hacia su destino, y que se establezcan medidas coordinadas para que puedan transitar legalmente por nuestros países sin necesidad de vincularse con organizaciones delictivas y evitando la criminalización del migrante.
  • Que se debe respetar el derecho de cada país a establecer su propia regulación de sustancias psicoactivas, sin que esto sea una limitación a la posibilidad de implementar políticas y medidas multilaterales.
  • Que la lucha efectiva contra el crimen organizado pasa por reducir sus ganancias económicas y desmantelar sus estructuras financieras para lo cual es fundamental fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, así como hacer énfasis en las labores de inteligencia y cooperación internacional para ubicar sus recursos en el sistema financiero mundial.
  • Que hay que tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública, eliminar las penas de cárcel para los consumidores y hacer énfasis en el tratamiento de adictos y consumidores problemáticos así como en el estudio de posibles programas de reducción de daños.
  • Que el progresismo latinoamericano debe promover el debate global sobre la cuestión de las drogas y su consumo como un problema mundial, que no diferencia entre países  consumidores y productores a fin de elaborar propuestas que permitan reformar las políticas internacionales sobre drogas de acuerdo con los lineamentos planteados en los puntos anteriores.

Se firma en Antigua, Guatemala, el 13 de junio de 2013

Alejandro Encinas
Senador del Partido de la Revolución Democrática
México
Alessandro Molon
Diputado del Partidos de los Trabajadores
Brasil
Benito Lara
Diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
El Salvador
Carmen Muñoz
Diputada del Partido Acción Ciudadana
Costa Rica
Fabián Peralta
Diputado Nacional del Partido GEN
Argentina
Fernando Belaunzarán
Diputado el Partido de la Revolución Democrática
México
Fernando Bustamante
Asambleísta de Alianza País
Ecuador
Guillermo Rivera
Representante a la Cámara del Partido Liberal
Colombia
Marianela Paco Durán
Diputada del Movimiento al Socialismo
Bolivia
Tomás Guanipa
Diputado de Primero Justicia
Venezuela

Programa de Cooperación en Seguridad Regional

El Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la FES busca contribuir al debate y a la construcción de propuestas de política pública para atender los diversos problemas de seguridad en América Latina, en donde amenazas globales, regionales y locales plantean un panorama complejo, ante todo por el desafío que estos problemas, en particular el crimen organizado, representan a la gobernabilidad democrática en la región.

El programa cuenta con una amplia red de trabajo en América Latina, en la que participan expertos, funcionarios, legisladores y representantes de la sociedad civil de diversas disciplinas.

Con apoyo de esta red y mediante diversos eventos y publicaciones, el Programa promueve el debate y la difusión de conocimientos  sobre asuntos de seguridad regional.

www.fes-seguridadregional.org

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Declaración de Antigua

Relatoria Reunión con Parlamentarios Antigua