Presentación
Tendencias y perspectivas de la seguridad regional en América Latina
Los problemas asociados al crimen organizado son elementos casi constitutivos de las últimas décadas de historia de la mayoría de países de América Latina. Durante el último año, las tendencias de seguridad regional de años anteriores se han mantenido: la disminución de la influencia de Estados Unidos en la región y la expansión del crimen organizado con los desafíos que representa para la seguridad y la gobernabilidad democrática de algunos países. Sin embargo, 2013 estuvo marcado por una serie de cambios políticos significativos, que sin duda implican cambios en el panorama tanto en términos de seguridad como en defensa.

El hecho que quizá más alteró la agenda regional fue la muerte del presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, quien había sido reelegido hacía apenas cuatro meses para un cuarto mandato consecutivo como presidente de su país en el periodo 2013-2019. Su fallecimiento trajo consigo la convocatoria a nuevas elecciones, en las que si bien ganó su sucesor y ex canciller, Nicolás Maduro, el país estuvo sumido durante algunas semanas en una lucha política y mediática entre Maduro y Enrique Capriles, el candidato rival, quien acusó de fraude al equipo oficialista, se negó a reconocer su victoria e impugnó las elecciones. Las dificultades de Maduro para mantener unidas las distintas facciones de su partido y el poco margen con el que ganó las elecciones plantean un complejo escenario político en Venezuela, en donde además los problemas económicos y de crimen organizado e inseguridad, que ya venían de los tiempos de Chávez, se mantienen, si no se han recrudecido.

El fallecimiento del líder venezolano plantea además una serie de inquietudes sobre el futuro del chavismo y de lo que él bautizó como el socialismo del siglo veintiuno. El deceso de Chávez implica el reacomodo de las fichas del tablero político en la región. Sin su presencia crítica frente a Estados Unidos y el músculo financiero del petróleo venezolano, iniciativas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y el bloque bolivariano, en el que se ubican Bolivia, Ecuador y Nicaragua, han perdido ritmo y cohesión, y tienen menos margen de maniobra En cuanto a la relación con Cuba, cuya alianza político-económica con Chávez funcionó por años, hoy las críticas le llueven a Maduro por mantener el suministro de petróleo a la isla en un momento en el que Venezuela sufre problemas de desabastecimiento de bienes y alimentos básicos. Además, la inestabilidad política y económica de Venezuela tampoco le permite desempeñar un papel muy central dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur). Todo ello hace que muchos analistas afirmen que con la muerte de Chávez murió también el chavismo y su influencia en la región.

Otro elemento importante en el panorama regional es el proceso de paz que el gobierno colombiano adelanta con la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). De hecho, en ese contexto la muerte de Chávez también trajo cambios. Venezuela es uno de los garantes del proceso y aunque el presidente Maduro ratificó la disposición de su país de seguir apoyándolo, la ausencia de Chávez es significativa por la cercanía y el reconocimiento que tenía frente a ese grupo guerrillero. Después de un año de negociaciones se han logrado acuerdos en los dos primeros de los cinco puntos de la agenda de negociación: política de desarrollo agrario integral y garantías para la participación política. Los demás puntos están pendientes: solución al problema de las drogas ilícitas; derechos de las víctimas; y fin del conflicto, dejación de las armas por parte de las Farc y reintegración a la vida civil; más todo lo que tiene que ver con la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos. Aunque el proceso ha sido muy criticado por la derecha colombiana y hay interrogantes sobre el avance de los diálogos en medio del proceso electoral que tendrá lugar en el primer semestre de 2014 para elegir presidente y Congreso, por ahora las conversaciones se mantienen. En todo caso, es claro que la firma de un acuerdo con las Farc no significa la paz inmediata en Colombia. Atender los desafíos de la implementación del acuerdo, junto con los planteados por las actividades del crimen organizado, seguirá siendo una tarea fundamental del estado colombiano y también de sus países vecinos. Además de las dinámicas de crimen transnacional, problemas como la población desplazada de colombianos en Ecuador o la muy denunciada presencia de las Farc en Venezuela, son asuntos que deberán atenderse en un escenario de posconflicto.

Por otro lado, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el tratado limítrofe entre Colombia y Nicaragua, que le concedió 75.000 kilómetros de mar a Nicaragua, ha generado reacciones muy negativas en Colombia. De hecho, ese país ha esgrimido todo tipo de argumentos para no cumplir con el fallo y ha buscado apoyo internacional para su negativa, estrategia que según los especialistas no ha dado resultado. A ese desafío al derecho internacional se suma el revuelo que la administración del presidente Juan Manuel Santos generó al anunciar que Colombia suscribiría un convenio de cooperación con la Otan (Organización del Tratado del Atlántico Norte), con miras a ingresar a esta organización. Si bien la Otan dejó claro que el país no cumple con los criterios básicos para ser miembro, sí manifestó su interés por impulsar la cooperación con Colombia y por suscribir un acuerdo que permitiría el intercambio de información clasificada. El solo anuncio del gobierno colombiano produjo una oleada de críticas, en especial por parte de los mandatarios de Bolivia y Venezuela, quienes pidieron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Unasur para analizar el asunto.

Es claro que la confianza entre los países de la región aun es bastante frágil. En cuanto al fenómeno del crimen organizado, Centroamérica y México siguen sufriendo sus efectos negativos, en particular vinculados al narcotráfico y a las políticas represivas de la guerra contra las drogas. En este aspecto, la discusión en el continente ha sido bastante intensa durante el último año.

Después de la Cumbre de las Américas de 2012 en Cartagena, en mayo de 2013 el secretario general de la OEA, Jose Miguel Insulza, presentó el Informe sobre el problema de las drogas en las Américas, como un aporte a un debate que apenas comienza acerca de la efectividad de las políticas utilizadas hasta ahora para enfrentar el problema. Al mismo tiempo, Uruguay, liderado por el presidente José Mujica, está en proceso de desarrollar una estrategia revolucionaria en materia de política de drogas.

A mediados del año, la Cámara del parlamento uruguayo aprobó una ley que regula el cultivo, la producción y el comercio de marihuana. Aunque la ley debe pasar todavía los debates en el Senado, la mayoría a favor de esta iniciativa ya es clara, iniciativa que convertirá a Uruguay en el primer país latinoamericano en despenalizar todo el mercado de marihuana. Los próximos años serán fundamentales para la implementación de las políticas que le permitirán al gobierno uruguayo regular los diversos eslabones de la cadena de valor de esta droga. Habrá que esperar para saber cuáles son los resultados de esta iniciativa que puede convertirse en un modelo a seguir para otros países interesados en hacer cambios en sus políticas internas en materia de drogas.

En el futuro inmediato también habrá que atender a los procesos electorales que ocurrirán a finales de 2013 y durante 2014 en varios países de la región. En Chile, Honduras, Costa Rica, Colombia y Panamá se elegirán nuevos presidentes y congresos. En el caso de Honduras, las tensiones políticas, que desde el golpe de estado de 2009 se han intensificado, plantean retos muy importantes para el nuevo gobierno en materia de gobernabilidad. En Colombia muchos asocian un posible acuerdo con las Farc con la reelección del presidente Juan Manuel Santos; pero más allá de quién sea el nuevo mandatario, los resultados de las elecciones parlamentarias serán claves para la implementación de ese acuerdo potencial.
Todos estos elementos dan cuenta de cómo el asunto de la seguridad regional seguirá siendo central en la agenda pública en América Latina, tanto en el ámbito académico como en el de la política doméstica e internacional.
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Esta quinta edición del Anuario de seguridad regional en América Latina y el Caribe, del Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert, continúa, en su primera parte, con el análisis de las principales dinámicas geopolíticas en materia de seguridad, defensa y política exterior de los países que hacen parte de la región. Un elemento novedoso de esta edición es que incluye capítulos sobre cada uno de los países centroamericanos en donde el Programa tiene actividades, esfuerzo con el que se quieren analizar con mayor detalle los desafíos de seguridad que enfrentan los países de esa compleja subregión del continente. En la segunda parte se presentan trabajos relacionados con el fenómeno del crimen organizado en América Latina.

Como siempre, queremos agradecer el trabajo de los coordinadores de los grupos nacionales y subregionales y demás especialistas que trabajan con nosotros y que hacen posibles las actividades del Programa de Cooperación en Seguridad Regional, así como a los autores que contribuyeron para esta publicación. Queremos hacer un reconocimiento también a la Friedrich Ebert Stiftung (FES), y especialmente a quienes trabajan en sus oficinas en los países de la región, por su apoyo en la gestión del Programa y en la producción de este Anuario. Sin ellos, esta publicación no sería posible.
Catalina Niño Guarnizo